Justicia climática

En toda la cuenca del Mediterráneo, el mar está cambiando de manera acelerada. Se calienta a un ritmo superior al promedio global, afectando profundamente a su biodiversidad, a las dinámicas pesqueras y a los modos de vida tradicionales. Cada año, las temperaturas marinas baten récords, provocando migraciones masivas de especies, desaparición de hábitats clave como las praderas de posidonia, proliferación de medusas y eventos extremos que alteran el equilibrio ecológico del litoral. Pero este fenómeno, aunque ambiental, tiene consecuencias humanas directas: está afectando con especial dureza a las comunidades más expuestas y con menos recursos para adaptarse.

A lo largo del Mediterráneo, muchas personas viven en zonas costeras donde el mar es el eje económico y social: pequeñas localidades que dependen de la pesca artesanal, del marisqueo, de formas de turismo sostenible, o de la agricultura en terrenos cercanos al litoral. El aumento del nivel del mar y la pérdida de biodiversidad marina están deteriorando sus condiciones de vida. El problema es estructural: las personas más vulnerables, con menos acceso a la toma de decisiones y a los recursos institucionales, son quienes sufren las mayores pérdidas mientras ven cómo se retrasan o diluyen las respuestas políticas.

Este panorama no es ajeno a lo que vivimos en España, y más concretamente en Cataluña. Aquí, el mar Mediterráneo ha sido durante siglos fuente de riqueza y estabilidad para muchas comunidades, pero ahora se convierte también en un espacio de riesgo. En territorios como el Delta del Ebro, uno de los más amenazados por la subida del nivel del mar en Europa, se acumulan los impactos del calentamiento marino, la falta de sedimentos, la salinización de los suelos y el retroceso de la línea costera. Las comunidades locales, muchas de ellas dedicadas a la pesca, al cultivo del arroz o al turismo familiar, se encuentran en una situación de creciente precariedad frente a un fenómeno que avanza más deprisa que la legislación y la intervención pública.

En el plano legal, España cuenta desde 2021 con una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que, si bien reconoce la importancia de la adaptación y la protección de los colectivos más vulnerables, no contempla de forma específica ni directa la problemática del calentamiento marino. La normativa nacional se centra sobre todo en la mitigación de emisiones, y solo empieza a construir respuestas sobre adaptación climática en el litoral. A esto se suma una aplicación desigual y, en muchos casos, insuficiente por parte de las administraciones competentes.

En Cataluña, existen instrumentos normativos relevantes como la Ley catalana del cambio climático y el Plan Clima 2021–2030, que recogen los impactos del cambio climático en la costa y mencionan la necesidad de proteger a las comunidades en riesgo. Sin embargo, las actuaciones efectivas aún son limitadas, y las herramientas de participación ciudadana, especialmente para las comunidades pesqueras o costeras más pequeñas, siguen siendo débiles. La distancia entre los marcos legales y las soluciones reales es aún grande.

A nivel internacional, el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano por parte de Naciones Unidas en 2022 puede ser una oportunidad para exigir más ambición y coherencia en las políticas climáticas. Aunque este reconocimiento no es jurídicamente vinculante, sí puede ser usado como marco de presión para avanzar hacia una regulación más clara que vincule el cambio climático con la defensa de los derechos humanos, especialmente los de las comunidades vulnerables que dependen del mar.

Frente a esta situación, urge construir una respuesta legal y política más fuerte, más inclusiva y más sensible al territorio. Es necesario que se diseñen planes específicos de adaptación para las zonas costeras mediterráneas más expuestas, con financiación clara, plazos definidos y participación activa de las comunidades afectadas. Que se escuche a quienes viven junto al mar y conocen, mejor que nadie, lo que está ocurriendo. Que se protejan los medios de vida tradicionales y se asegure el acceso a mecanismos de justicia ambiental. Que las leyes no se queden en los despachos, sino que lleguen a las playas, a los puertos, a los hogares.

El calentamiento marino en el Mediterráneo no es solo un fenómeno climático: es también un desafío ético, social y legal. Si no actuamos desde la equidad, la participación y el reconocimiento de derechos, corremos el riesgo de que esta crisis agrave aún más las desigualdades existentes. Una transición climática que no proteja a los más vulnerables no será una transición justa. Y sin justicia climática, no habrá un futuro sostenible para nuestra costa, ni para quienes la habitan.